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España ultima la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, un instrumento jurídico que será vinculante para todo el sector público y que la Comisión Europea lleva años exigiendo al Gobierno para aumentar la transparencia y la eficiencia en las compras del sector público. El Ejecutivo ha prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023.
La estrategia, prevista en la Ley de Contratos Públicos de 2017, está comprometida con Bruselas desde 2018, tras la aprobación de esa ley, que traspuso dos directivas europeas de 2014. Y figuraba en el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno a la Comisión Europea en abril de 2021. La responsable de aprobarla es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRESCON), una entidad que España puso en marcha en 2018 también por exigencia de la UE.
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