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A raíz del ciberataque sufrido el 9 de junio, el gobierno de España ha tenido que desembolsar 2,1 millones de euros para subsanar sus consecuencias. De todos modos, el ataque ransomware de hace tres meses todavía genera problemas operativos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y otras áreas relacionadas.

De acuerdo con lo que informa el medio español El Independiente, la ministra Yolanda Díaz ya adjudicó seis contratos de emergencia para solventar los problemas causados por el hackeo. Precisamente, el Estado ha tenido que pagar esa suma a diversas compañías que ha contratado para investigar el ataque y solucionar los inconvenientes técnicos derivados de este.

Además del ministerio de Trabajo y Economía Social, también se vieron afectadas algunas áreas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que están conectadas informáticamente.

Los empleados de estas dos áreas del Gobierno siguen teniendo problemas con el sistema del ministerio, ya que no se cargan sus trabajos, el sistema se desconecta constantemente y no funciona de manera óptima. Esto tiene incidencia en su paga y en la productividad del organismo. Además, es una muestra de que los sistemas pueden no volver a recuperar su funcionamiento normal después de un ataque ransomware.

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