Esta noticia fue publicada previamente por Transparencia Internacional.

Nuestro mundo globalizado significa que las empresas pueden hacer negocios más allá de las fronteras, a menudo en beneficio de la sociedad. ¿Pero qué pasa si el nuevo y caro puente de tu ciudad ha sido construido por una empresa extranjera no cualificada que hace recortes? ¿O si su factura de la luz se ha inflado de manera criminal gracias a un acuerdo comercial de trastienda? Las posibilidades son mayores si vives en un país con altos niveles de corrupción gubernamental.

Los funcionarios públicos que exigen o aceptan sobornos de empresas extranjeras no son los únicos culpables de la ecuación de la corrupción. Las empresas multinacionales -con frecuencia con sede en países con bajos niveles de corrupción en el sector público- son igualmente responsables.
Hace veinticinco años, la comunidad internacional acordó que los países comerciantes tienen la obligación de castigar a las empresas que sobornan a funcionarios públicos extranjeros para conseguir contratos gubernamentales, licencias de minería y otros acuerdos, es decir, que participan en el soborno extranjero. Sin embargo, pocos países han cumplido sus compromisos.

El nuevo informe, Exporting Corruption 2022, evalúa la actuación de los 47 principales exportadores mundiales, incluidos los 43 países signatarios de la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la lucha contra el soborno en el extranjero por parte de las empresas de sus países. Cuatro de los principales exportadores no pertenecientes a la Convención de la OCDE que también son evaluados son China, India, Hong Kong RAE y Singapur.

Los resultados son peores que nunca.

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