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Dos años después de la pandemia de COVID-19, Europa sigue utilizando la crisis como excusa para el estancamiento de los esfuerzos de lucha contra la corrupción. La rendición de cuentas y la transparencia también se están descuidando. España se suma a este retroceso regional, y a la falta de medidas y políticas públicas anticorrupción al no presentar avances significativos en los últimos años.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, España bajó un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión una puntuación de 61/100. Con esta calificación, ocupa actualmente la posición 34/180 del ranking global, lo que supone un descenso de dos puestos1 con respecto al IPC 2020.

A los fines de entender por qué España no ha avanzado en estos últimos años en materia de lucha contra la corrupción, uno de los aspectos claves a tener en cuenta es que existen una serie de reformas legislativas aún pendientes en materia de integridad, transparencia, anticorrupción y buen gobierno, entre las que se encuentra, por ejemplo, la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley presenta deficiencias y aspectos claves que han sido identificados por los/as expertos/as desde que se publicó, y su reforma resulta imperiosamente necesaria para avanzar en esta materia.

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