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El complot para controlar el mercado fue investigado en 2016. El organismo sancionó a 14 compañías por repartirse cuotas e intercambiar información sensible. Se garantizaban así una cuota de mercado, precios favorables y dejar de lado a la competencia. 

En concreto, el grupo copaba los procesos de ofertas de los concursos públicos que lanzaban ministerios como Exteriores, Defensa, Trabajo, Industria o Agricultura, para las mudanzas a destinos internacionales de su personal, y además, conseguían subir los precios por acuerdo propio. Según informó la CNMC, las firmas apalabraban fijar el precio al que se debía realizar un traslado o mudanza, o el precio mínimo por encima del cual se debían presentar los llamados presupuestos de acompañamiento o de apoyo.

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Con esta fórmula, el cártel incrementó los precios de los servicios prestados a la Administración. Llegaron a aplicar un margen consensuado de hasta 12.000 euros de beneficio neto por operación en algunos casos, y, en general, porcentajes elevados de beneficio incluso de más de la mitad del precio presupuestado. Todos estos sobrecostes afectaron a los precios finales que pagó la Administración Pública por los citados servicios.

Otros de los aspectos que se acordaron entre las empresas fueron “otras condiciones comerciales ofertadas”. Es decir, servicios complementarios que las empresas del cártel decidían ofertar de forma consensuada a los Ministerios. Por ejemplo, el número de meses gratuitos de guardamuebles, limpiezas o pintura de la casa de destino, transporte de mascotas, recogidas antes de la adjudicación, recogidas o entregas en España múltiples, o exceso de volumen en mudanzas.

De las 14 firmas sancionadas por la CNMC una ha sido absuelta. Para una segunda, la administración tendrá que revisar el importe de la multa.