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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas y una docena de empresas, entre ellas el principal grupo exportador mundial de atún, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los “cuantiosos” beneficios obtenidos.

La investigación ha permitido acreditar las “pésimas condiciones de salubridad” en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, “poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores”.

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