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La Comisión Europea está tomando medidas legales para garantizar la protección de los ciudadanos, trabajadores y pacientes contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. La Comisión ha decidido hoy llevar a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado plenamente a su legislación nacional la Directiva revisada sobre normas básicas de seguridad de la UE (Directiva 2013/59/Euratom del Consejo).
Los Estados miembros debían transponer la Directiva antes del 6 de febrero de 2018. La Comisión ha estado prestando apoyo continuo a los Estados miembros para que transpongan correctamente las normas. En noviembre de 2019, la Comisión envió un dictamen motivado a Portugal en el que le pedía que notificara a la Comisión todas sus medidas de transposición de la Directiva. Desde entonces, Portugal ha notificado medidas de transposición adicionales, pero aún no ha establecido un plan de acción nacional que aborde los riesgos a largo plazo derivados de la exposición al radón, como exige la Directiva. Por ello, la Comisión lleva hoy a Portugal ante el Tribunal de Justicia.
Antecedentes
El Tratado Euratom proporciona a la Comisión la base jurídica para establecer normas básicas de seguridad para proteger la salud de los trabajadores y del público en general contra los peligros derivados de las radiaciones ionizantes. Una vez aplicada en su totalidad, la Directiva sobre normas básicas de seguridad garantizará el máximo nivel de protección contra las radiaciones de los trabajadores, los pacientes y el público en general en toda la UE.
La Directiva, que se adoptó por primera vez en 1959, establece los requisitos de preparación y respuesta en caso de emergencia radiológica, y prevé, entre otras cosas, la educación y formación en materia de protección radiológica y el suministro de información al público. Las disposiciones de preparación y respuesta ante emergencias se reforzaron tras el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011. La última revisión, de diciembre de 2013, tuvo en cuenta los avances científicos y tecnológicos desde la década de 1990, y consolidó cinco actos jurídicos anteriores en un único texto legislativo.
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