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La Securities and Exchange Commission ha acusado hoy a S&P Global Ratings, una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional (NRSRO, por sus siglas en inglés) registrada en la Comisión, de infringir las normas sobre conflicto de intereses diseñadas para evitar que las consideraciones de ventas y marketing influyan en las calificaciones crediticias.

La orden de la SEC concluye que un emisor contrató a S&P para calificar una transacción de valores respaldados por hipotecas residenciales jumbo en julio de 2017. Durante un período de cinco días en agosto de 2017, los empleados comerciales de S&P -empleados responsables de gestionar la relación con el emisor- intentaron en varias ocasiones presionar a los empleados analíticos de S&P -empleados responsables de evaluar y asignar la calificación- para que calificaran la transacción de acuerdo con la información preliminar que los empleados analíticos habían dado al cliente y que resultó incluir un error de cálculo. A pesar de enviar las comunicaciones a través del departamento de cumplimiento, tal y como exigían las políticas y procedimientos de S&P en aquel momento, algunos correos electrónicos enviados por los empleados comerciales de S&P al equipo de analistas de S&P contenían declaraciones que reflejaban consideraciones de ventas y marketing. El auto concluye que, como resultado del contenido, la naturaleza urgente, el alto volumen y el tiempo comprimido de las comunicaciones, los empleados comerciales de S&P se convirtieron en participantes en el proceso de calificación durante un tiempo en el que estaban influenciados por consideraciones de ventas y marketing.

“Las NRSRO tienen prohibido emitir o mantener una calificación crediticia cuando una persona que participa en actividades de venta y comercialización trata de influir en la determinación de la calificación”, dijo Osman Nawaz, Jefe de la Unidad de Instrumentos Financieros Complejos de la SEC. “Las agencias de calificación crediticia desempeñan un papel sistémicamente importante en los mercados de productos estructurados, y las leyes federales sobre valores les exigen que aíslen sus funciones analíticas de la influencia de consideraciones comerciales.”

Tras descubrir las circunstancias que rodeaban la calificación de la operación, S&P autodenunció la conducta en cuestión a la SEC, cooperó con la investigación de la SEC y adoptó medidas correctoras para mejorar sus políticas y procedimientos en materia de conflictos de intereses.

La orden concluye que, al emitir y mantener estas calificaciones crediticias, S&P violó ciertas normas promulgadas en virtud de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, que prohíben los conflictos de intereses en las NRSRO, y tampoco estableció, mantuvo y aplicó políticas y procedimientos escritos diseñados para garantizar el cumplimiento de dichas normas. Sin admitir ni negar las conclusiones de la SEC, S&P acordó resolver este asunto mediante el pago de una multa de 2,5 millones de dólares y aceptando la introducción de una orden de cese y desistimiento, una censura y el cumplimiento de determinados compromisos.