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La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy que Tenaris, un fabricante y proveedor mundial de tubos de acero con sede en Luxemburgo, pagará más de 78 millones de dólares para resolver las acusaciones de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un esquema de sobornos que implicaba a su filial brasileña.

Según la orden de la SEC, la resolución con Tenaris es el resultado de una presunta trama de sobornos en la que participaron agentes y empleados de su filial brasileña para obtener y retener negocios de la entidad estatal brasileña Petrobras. En concreto, la orden determina que entre 2008 y 2013 se pagaron aproximadamente 10,4 millones de dólares en sobornos a un funcionario del gobierno brasileño en relación con el proceso de licitación en Petrobras. Los sobornos fueron financiados en nombre de la filial brasileña de Tenaris por empresas afiliadas al accionista mayoritario de Tenaris.

“Tenaris no implementó durante muchos años suficientes controles contables internos en todas sus operaciones comerciales a pesar de los riesgos de corrupción conocidos”, dijo Charles Cain, Jefe de la Unidad FCPA de la División de Aplicación de la SEC. “Este fallo creó el entorno en el que se facilitaron los sobornos a través de una constelación de empresas asociadas a su accionista mayoritario”.

Esta no es la primera vez que Tenaris se ve involucrada en una trama de corrupción. En 2011, la empresa firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia y un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la SEC como resultado de los presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.

Tenaris aceptó la orden de la SEC sin admitir ni negar las conclusiones de que había violado las disposiciones de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 relativas a la lucha contra el soborno, a los libros y registros y a los controles contables internos, y aceptó pagar más de 78 millones de dólares en concepto de indemnización, intereses de demora y sanciones civiles. La empresa también acordó cumplir con los compromisos durante un período de dos años en relación con sus esfuerzos de reparación en curso.