Esta noticia fue publicada previamente por la Oficina Antifraude de Cataluña.
La Administración General del Estado ha sometido a información pública, recientemente y con considerable retraso, el texto del proyecto de decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I).
El trámite de información pública estuvo abierto durante un plazo relativamente breve, del 9 hasta el 21 de mayo, y como constaba en el anuncio correspondiente, se prescindió del trámite de consulta pública previa, porque se acordó la tramitación administrativa urgente prevista en el art. 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros de 28.03.2023.
La actuación en este punto de la Administración General del Estado no es un modelo de coherencia. No se acaba de entender el sacrificio de trámites de participación de la ciudadanía, indispensables en materias como la lucha contra la corrupción y la protección de las personas alertadoras, cuando la reiteración en el retraso no es imputable a la ciudadanía, que tiene derechos de participación, sino a la falta de respuesta ágil y en plazo de los poderes públicos.
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