El Gobierno actualiza el marco tras cuatro décadas

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El Consejo de Ministros aprobó el 13 de enero la remisión a las Cortes del proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, que supone la actualización más profunda en cuarenta años de esta figura jurídica. Aunque no está expresamente recogido en la Constitución Española, el derecho de rectificación tutela derechos fundamentales como el honor, la propia imagen y la libertad de comunicar y recibir información veraz. Entre las principales novedades destaca la ampliación de su ámbito subjetivo, incluyendo a usuarios de especial relevancia en redes sociales —aquellos con 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma agregada— al considerarlos conformadores de opinión pública.

Esta ampliación contrasta con el umbral fijado por el Real Decreto de 30 de abril de 2024 que desarrolla la Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece un millón de seguidores en una sola plataforma o dos millones agregados. La diferencia normativa genera inseguridad jurídica y dudas sobre la coherencia del marco regulatorio digital, cuestión que previsiblemente deberá abordarse durante la tramitación parlamentaria.

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