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Un elemento clave de la legislación de la UE que establece obligaciones obligatorias para que las empresas aborden sus impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente ha recibido hoy un duro golpe al no lograr la aprobación final del Consejo Europeo, tras las objeciones de países como Alemania e Italia, a pesar de un acuerdo provisional sobre el Reglamento alcanzado anteriormente por el Consejo con el Parlamento Europeo.

El retroceso de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (DCSD) se produce tras un proceso de cuatro años para avanzar en la regulación, que comenzó con estudios realizados por la Comisión Europea en 2020 sobre las obligaciones de los administradores y la gobernanza empresarial sostenible y sobre los requisitos de diligencia debida en la cadena de suministro, lo que dio lugar al proyecto de Directiva sobre la DDSD propuesto por la Comisión en febrero de 2022, en el que se establecen las obligaciones que deben realizar las empresas para identificar:  Evaluar, prevenir, mitigar, abordar y remediar los impactos en las personas y el planeta, que van desde el trabajo infantil y la esclavitud hasta la contaminación y las emisiones, la deforestación y el daño a los ecosistemas, en su cadena de suministro ascendente y en algunas actividades posteriores, como la distribución y el reciclaje.

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