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Según consta en la referencia del Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo ha aprobado el acuerdo por el que solicita el informe al Consejo de Estado sobre el anteproyecto de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como ‘whistleblower‘.
El texto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros del pasado 4 de marzo. En aquella ocasión, la ministra de Justicia, Pilar Llop, explicó que el objeto de la Directiva era proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
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