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La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina comenzó con sospechas de malversación de caudales públicos contra altos cargos del municipio. La investigación se inició a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
El Sepblac apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario; en este caso se habría tratado de altos cargos del municipio. En unas diligencias fechadas en diciembre de 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pide a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso EFE.
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