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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la ACB incurrió en una conducta anticompetitiva al establecer unas condiciones económicas desproporcionadas y discriminatorias a los clubs que pretendieran ascender desde la liga LEB ORO.
Las condiciones económicas para ascender y poder participar en la Liga ACB se acordaban por la Asamblea de la ACB, por lo que entiende que existió un acuerdo de una “Asociación de empresas”, dado que los clubes profesionales de baloncesto que integran la ACB “no solo desarrollan una actividad deportiva sino también son empresas, desde la perspectiva de las normas de competencia, en cuanto entidades con actividad económica que ofrecen servicios en un mercado”.
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