Esta noticia fue publicada previamente por la Fiscalía Europea.
A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) de Nápoles (Italia), la Policía Financiera italiana (Guardia di Finanza) de Nápoles ha ejecutado una orden de embargo preventivo por importe de 1,3 millones de euros contra cuatro empresas y sus respectivos representantes legales, sospechosas de fraude, malversación y blanqueo de capitales.
Se trata de una empresa con sede en Nápoles que aparentemente opera en el ámbito de la consultoría administrativa, que se presentó con éxito en 2022 a dos proyectos financiados con fondos de la UE. Uno de los proyectos consistió en un préstamo de 300 000 euros para el desarrollo del comercio electrónico para las PYME en países extranjeros, de los cuales se desembolsaron 150 000 euros. El otro consistió en una subvención de 1,3 millones de euros para pymes (pequeñas y medianas empresas), que se desembolsó casi en su totalidad y se financió con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
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