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El nuevo delito de omisión del deber de impedir el fraude facilitará el procesamiento de una gran organización si un empleado comete fraude en beneficio de la misma.
Si el fraude lo comete un empleado de una organización, ésta deberá poder demostrar que disponía de medidas razonables para disuadir del delito o se arriesgará a recibir una multa ilimitada.
La legislación propuesta anima a las empresas a hacer más para disuadir de la comisión de delitos, lo que contribuirá a reducir la delincuencia y proteger a los consumidores, los inversores, otras empresas y el contribuyente frente a las prácticas fraudulentas.
Las empresas que no disuadan el fraude se enfrentarán a medidas coercitivas en virtud de los nuevos planes del Ministerio del Interior del Reino Unido.
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