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En su dictamen publicado el 19 de diciembre de 2022, el SEPD acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento destinada a aumentar el uso de las transferencias instantáneas de manera eficaz y precisa. En particular, el SEPD acoge con satisfacción las medidas propuestas destinadas a resolver los problemas relacionados con las transferencias instantáneas, con arreglo a los Reglamentos actuales. A saber, abordar el elevado índice de pagos instantáneos rechazados debido a la identificación errónea de las personas.

El dictamen que ha emitido el SEPD se centra en dos medidas de especial relevancia para la protección de datos.

El SEPD acoge con satisfacción la medida de la propuesta de Reglamento que pretende abordar las preocupaciones de los ordenantes sobre la seguridad de los pagos instantáneos. El Reglamento propuesto obligaría a los proveedores de servicios de pago a verificar conjuntamente si la identidad del beneficiario coincide, antes de que el ordenante autorice la transacción. El SEPD ve positivamente esta medida; tomando nota de que este procedimiento da a los ordenantes la oportunidad de comparar su información con la respuesta generada por el sistema de pago. Por lo tanto, permite a los ordenantes tomar decisiones con conocimiento de causa sobre si es seguro autorizar el pago. El SEPD también se congratula de que el Reglamento propuesto ofrezca a los ordenantes la posibilidad de renunciar a estas medidas de seguridad cuando no sean necesarias.

Por lo que respecta al elevado porcentaje de pagos instantáneos rechazados debido a la identificación errónea de personas que figuran en las listas de sanciones de la UE, la propuesta de Reglamento prevé el establecimiento de verificaciones periódicas de la información de los ordenantes. Esta medida consistirá en cotejar periódicamente la información de los ordenantes con la información de las listas de sanciones de la UE, en lugar de verificar esta información en cada transacción. A la vista de ello, el SEPD acoge con satisfacción estas medidas como una forma de comprobar la información de los ordenantes de manera más eficiente y precisa, para evitar que los particulares tengan que sufrir denegaciones de pago injustificadas.

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