Autonomía y funciones clave en la lucha contra la corrupción
El 4 de noviembre de 2024, la Autoridad Gallega de Protección a la Persona Informante (AGPI) aprobó su normativa interna, consolidando su funcionamiento autónomo y su régimen jurídico. Esta institución, adscrita al Valedor del Pueblo, opera con plena independencia y tiene su sede en Santiago de Compostela. Su propósito principal es gestionar informaciones sobre irregularidades legales y actos de corrupción dentro del sector público gallego.
Funciones y compromisos de las entidades públicas
La normativa detalla las competencias de la AGPI, que incluyen garantizar la confidencialidad de las denuncias y proteger a las personas informantes de represalias. Además, establece la obligación de las administraciones y entidades públicas de colaborar activamente con la Autoridad, proporcionando la información necesaria para sus investigaciones. También se explicitan los derechos de las personas afectadas por las denuncias, promoviendo un equilibrio entre protección y transparencia.
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