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La administración Biden ha ido evolucionando constantemente su visión de los riesgos y prioridades de la seguridad nacional, y de las medidas que tomará el poder ejecutivo para mitigar esos riesgos. La Estrategia de Seguridad Nacional del pasado otoño señalaba la tecnología crítica y la ciberseguridad como preocupaciones clave para la seguridad nacional. Este enfoque se agudizó con la publicación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad el mes pasado. Y, más recientemente, la Administración ha presentado una solicitud presupuestaria de 3.100 millones de dólares para la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), un aumento del 22% respecto a su solicitud del año pasado, para aplicar esa estrategia y financiar otras iniciativas. Aunque la estrategia no es política, y las propuestas presupuestarias no son asignaciones, se trata de señales claras del cambio de rumbo de la Administración en cuanto a las herramientas e incentivos que desplegará para mitigar los riesgos de ciberseguridad.

Tras años de basarse en normas en gran medida voluntarias para animar a las empresas a reforzar sus defensas de ciberseguridad, intercaladas con incentivos como financiación y subvenciones, la administración ha adoptado definitivamente la postura de que no cree que las empresas hayan hecho lo suficiente. En consecuencia, la nueva estrategia de ciberseguridad exige una mano más dura. Si se aplica la estrategia, las empresas pueden esperar ver responsabilidad directa, nuevas normativas y demandas del propio gobierno federal para las empresas que no fabriquen productos seguros, no adopten medidas mínimas de seguridad o tergiversen las medidas que han tomado. Estas nuevas medidas llegan en un momento en que la Administración está cada vez más centrada en la competencia estratégica con China.

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