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La Comisión Europea ha propuesto hoy cambios en el Reglamento sobre liquidación y depositarios centrales de valores para mejorar la eficiencia de los mercados de liquidación de la UE, salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad financiera. La propuesta de hoy es un componente clave del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales de 2020.

Los depositarios centrales de valores gestionan la infraestructura que permite la liquidación de valores (como acciones u obligaciones) en los mercados financieros. La liquidación se refiere a la entrega de valores a un comprador a cambio de la entrega de efectivo a un vendedor. La liquidación de una operación puede tardar hasta dos días hábiles, lo que puede engendrar riesgos tanto de crédito como jurídicos durante ese período. Por lo tanto, garantizar que estas transacciones se liquiden de manera segura y eficiente es esencial para el sistema financiero de la UE.

Los depositarios centrales de valores desempeñan un papel central en los mercados de capitales y en el sistema financiero de la UE. Por ejemplo, las operaciones liquidadas por los depositarios centrales de valores de la UE en 2019 ascendieron a unos 1,120 billones EUR. Su papel clave también se ha destacado recientemente en el contexto de las sanciones de la UE contra Rusia. El 25 de febrero de 2022, la UE acordó prohibir la tenencia de cuentas de clientes rusos por parte de los depositarios centrales de valores de la UE, lo que demuestra la importancia clave de los depositarios centrales de valores en el sistema financiero de la UE.

El objetivo general de la propuesta de hoy es hacer más segura y eficiente la liquidación de valores en la UE, mejorando así el atractivo de los mercados de capitales de la UE y, en última instancia, contribuyendo a la financiación de nuestra economía. Habida cuenta de las grandes cantidades de dinero que pasan a través de los depositarios centrales de valores, es esencial que funcionen bien en beneficio de nuestro sistema financiero. La propuesta de hoy garantizará unas normas más proporcionadas y eficaces para reducir los costes de cumplimiento y las cargas reglamentarias para los depositarios centrales de valores, así como para facilitar su capacidad para ofrecer una gama más amplia de servicios transfronterizos y mejorar su supervisión transfronteriza.

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