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La Comisión Europea ha llamado la atención a la mayor parte de los países de la Unión Europea, entre ellos España, por no transponer la Directiva Whistleblowing, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de diciembre.
Bruselas se ha dirigido así a un total de 24 países a través de una carta de emplazamiento enviada el pasado 27 de enero.
Solo tres países, Suecia, Malta y Portugal, han hecho los deberes y han transpuesto dicha normativa que ofrece una protección integral a los denunciantes, o alertadores –como también se les denomina– de corrupción.
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