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La investigación por la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo a finales de 2012 está a la espera de un informe clave que el juez Santiago Pedraz solicitó a los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional. El magistrado les requirió el análisis del folleto de información sobre la operación efectuada por más de 2.500 millones de euros con el fin de aclarar si los datos contables recogidos en dicho documento ofrecían una imagen fiel de la entidad, que fue resuelto en junio de 2017, y si los accionistas que compraron acciones sufrieron perjuicios económicos.
Este informe es una de las primeras diligencias que ordenó el instructor en junio de 2022, en el momento que admitió a trámite dos querellas presentadas por un grupo de inversores minoritarios y por Cerquia Gestión y Cercupenta, quienes atribuyen presuntos delitos de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información en esta ampliación de capital.
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