Este post ha tenido como fuente principal El País.

La Comisión Europea va a dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. De esta forma, se prevé lanzar el martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales. Junto a ello, también se prevé dentro de ellas medidas para controlar las carteras de criptomonedas.

La Comisión Europea sigue tratando de tapar los agujeros que aprovechan los grupos organizados para blanquear capitales y financiar actividades delictivas. Bruselas intensificó sus esfuerzos en el último año del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker, tras los escándalos del danés Danske Bank, el alemán Deutsche Bank, el holandés ING, el letón ABLV o el maltés Pilatus Bank. Sin embargo, también advirtió de que ese reguero de dinero sucio no solo corría por las venas del sistema financiero, sino también a través de otros canales como las casas de ciberapuestas o los monederos virtuales.

Bruselas ha optado finalmente por una autoridad independiente con una plantilla de unas 250 personas, según el borrador. El Ejecutivo comunitario propone que la agencia, que contará con un presupuesto de 45,6 millones de euros, se cree en 2024 y empiece a funcionar en 2026.

La Comisión se ha decantado por una entidad al margen de la EBA también porque sus actuaciones irán más allá del sector financiero. Según el borrador, la AMLA “desempeñará un papel fundamental” en el combate contra el dinero sucio dentro de la Unión. El paquete, no obstante, deberá ser negociado por el Parlamento Europeo y los países miembros.

La autoridad tendrá, entre otras funciones:

  • Proteger el sistema financiero europeo del crimen organizado.
  • Coordinar las actuaciones de los organismos nacionales y unidades de inteligencia sobre delitos financieros.
  • Facilitar los trabajos e intercambios de información entre las diversas unidades de investigación nacionales.

De esta forma, la creación de esta nueva autoridad denota la preocupación europea por la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). Como también necesidad de supervisar de manera efectivo el cumplimiento de la normativa.

Entidades bajo supervisión

La AMLA estará encargada de efectuar una evaluación de un grupo de entidades financieras seleccionadas. Según el borrador, se trata de instituciones crediticias que estén establecidas al menos en siete Estados miembros y otras financieras que operen en al menos 10 países de la UE —incluido el país donde tengan su sede—, que cuenten con una filial en otro Estado y que tengan actividad en toda la UE. Eso engloba, pues, empresas que se dedican al cambio de divisas, fondos de inversión, instituciones de dinero virtual, servicios de pago o aseguradoras.

La autoridad deberá valorar, entre otras cosas, el riesgo que supone cada una de esas instituciones según tres criterios: los clientes, los productos ofrecidos y las áreas geográficas que cubre. De ese modo, se considerarán como amenazas la proporción de clientes no residentes o “políticamente expuestos”, el intercambio de activos susceptibles de ser objeto de blanqueo o bien el volumen de operaciones con terceros países en los que se hayan detectado debilidades en esa materia. Esa futura autoridad, que estará siempre sujeta al Tribunal de Justicia de la UE, podrá imponer multas. Las sanciones máximas serán de 10 millones de euros o el 10% de la cifra de negocios anual. Las multas se impondrán de acuerdo con la gravedad de la infracción o el número de países miembros afectados.

El nuevo órgano comunitario tendrá también poderes para actuar en el caso de una entidad “no seleccionada”. Los supervisores nacionales deberán notificar si una compañía está infringiendo las normas de forma “rápida y significativa”, de modo que eso pueda llevar a “dañar la reputación” del país donde opera o incluso de toda la UE. En caso de tener indicaciones de que una entidad esté incumpliendo las directivas comunitarias, la AMLA podrá actuar e incluso imponer sanciones.