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El Departamento del Tesoro de EE.UU. reveló el viernes sus planes para exigir formalmente a las instituciones financieras que evalúen su exposición a los blanqueadores de dinero y otros delincuentes financieros, y que se aseguren de que cuentan con un programa “eficaz y razonablemente diseñado” para mitigar esos riesgos.

La Red de Represión de los Delitos Financieros del Tesoro pretende incluir las nuevas obligaciones en su largamente esperada puesta en marcha de una norma que dirigirá a las instituciones financieras a orientar sus controles contra el blanqueo de capitales hacia una lista de ocho amenazas prioritarias, como la trata de seres humanos, la corrupción y la financiación de la proliferación, que la oficina identificó en junio.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) espera emitir una propuesta sobre cómo las instituciones pueden incorporar mejor las prioridades nacionales en sus programas de cumplimiento en abril, según la última agenda regulatoria semestral del Tesoro. La esperada propuesta parece revivir un plan preliminar anterior para impulsar la eficacia del marco estadounidense contra las finanzas ilícitas.

El plan preliminar, que la FinCEN presentó en septiembre de 2020, habría exigido a las instituciones financieras que crearan o mantuvieran programas contra el blanqueo de capitales que no sólo fueran adecuados, sino que también dieran pistas útiles a las fuerzas de seguridad, entre otras cosas, evaluando formalmente los riesgos inherentes a sus “actividades comerciales, productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas”.

Pero la medida se estancó en medio de la promulgación, el 1 de enero de 2021, de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, que encargó a la FinCEN la aplicación de reformas de gran alcance a la Ley de Secreto Bancario, o BSA, incluida la emisión de las prioridades nacionales.

Durante años, los reguladores han esperado que las instituciones financieras realicen evaluaciones de riesgo periódicas y orienten sus programas de lucha contra el blanqueo de capitales hacia esos resultados, y han sido criticados repetidamente por los profesionales del sector por considerar sus expectativas como obligatorias, sin haber elaborado una norma a tal efecto.

La implantación de un mandato formal aportaría por fin claridad a la cuestión sin imponer una nueva carga significativa a las instituciones financieras, en particular a los bancos, la mayoría de los cuales ya han adoptado la práctica de identificar y medir con regularidad su exposición única a la delincuencia financiera, dijo Michael Leotta, socio del bufete de abogados WilmerHale en Washington, D.C.

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