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La Oficina Antifraude de Cataluña ha emitido la primera resolución en España que protege a una interina que denunció corrupción municipal en su centro de trabajo, un importante consistorio situado en la provincia de Barcelona. Es decir, el ayuntamiento no podrá tomar ningún tipo de represalia contra ella.
Esta decisión se ha apoyado en la conocida Directiva Whistleblower 2019/1937 de la Unión Europea. Se trata de un mecanismo legal que permite buzones europeos de denuncia externa, a fin de proteger tanto a las personas que informan de infracciones al Derecho de la UE como a su entorno familiar y empresarial.
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