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El 8 de marzo de 2022, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas falló en su asunto C-213/19 (Comisión Europea contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a favor del enfoque de investigación de la OLAF en la lucha contra un fraude de infravaloración aduanera por valor de miles de millones de euros.

La OLAF concluyó una serie de investigaciones entre 2017 y 2019 en relación con la importación de grandes cantidades de productos textiles y calzado de China a la UE. La OLAF descubrió que, al declarar valores falsamente bajos para las importaciones, los defraudadores habían logrado evadir cantidades muy grandes de derechos de aduana durante años. Los defraudadores habían identificado y dirigido sus esfuerzos a determinados puntos de entrada en la UE (“el eslabón más débil”) en los que no se impugnaban los valores anormalmente bajos de las declaraciones aduaneras.

La mayor de las investigaciones de la OLAF se refería a las importaciones a través del Reino Unido entre 2013 y 2016. La OLAF calculó que en esos casos se perdieron derechos de aduana por valor de casi 2 000 millones de euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que el Reino Unido había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la UE al no aplicar medidas eficaces de control aduanero en relación con las importaciones de determinados productos textiles y calzado procedentes de China, y al no facilitar a la OLAF toda la información necesaria para calcular el importe de los derechos de aduana perdidos.

Para calcular el valor real de las mercancías infravaloradas a lo largo de los años, la OLAF desarrolló una herramienta compleja y eficaz, en cooperación con el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, que se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada para la gestión del riesgo y la inteligencia en varios Estados miembros de la UE.

La misma herramienta también ayudó a descubrir esquemas de fraude similares dirigidos a los servicios aduaneros de otros Estados miembros. En total, la OLAF ha calculado hasta ahora pérdidas por más de 2.700 millones de euros en relación con esta trama de fraude.