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El pasado mes de abril se acordaba bajo 19 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, que las empresas estarían obligadas a identificar y, cuando sea necesario, prevenir, acabar o mitigar el impacto negativo de sus actividades, incluidas las de sus socios comerciales, sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esto incluye el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, las empresas deberán evaluar su cadena de valor de manera que lleven a cabo su “debida diligencia”, afirman los eurodiputados.

“Estoy encantada de que se haya logrado un amplio consenso en la comisión para presentar normas vinculantes para que las empresas respeten a las personas y al planeta. Existe una clara voluntad de alinear esta directiva con las mejores prácticas internacionales, y para garantizar que las empresas deben hacer la debida diligencia en el diálogo continuo con los afectados por el daño, y remediarlo cuando ocurre. Si las empresas no cumplen, deben enfrentar sanciones, y si ocurre un daño, deben han evitado, entonces las víctimas deberían poder obtener justicia en los tribunales” afirmaba la ponente Lara Wolters (S&D, Países Bajos).

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