Nueva obligación de transparencia para las empresas en España

Esta noticia ha sido publicada previamente por El Economista.

A partir del 3 de febrero, el Ministerio de Hacienda implementará una nueva normativa que exige a las empresas informar sobre sus beneficiarios reales. Esta medida, que busca aumentar la transparencia y prevenir el blanqueo de capitales, obliga a las sociedades a identificar y reportar a las personas físicas que poseen o controlan directa o indirectamente más del 25% de sus acciones o derechos de voto.

La información deberá ser enviada al Registro Mercantil, que la pondrá a disposición de las autoridades competentes para investigaciones relacionadas con fraude fiscal, delitos económicos y financiamiento del terrorismo. Esta obligación se enmarca en la transposición de normativas europeas que refuerzan el control sobre la propiedad real de las empresas para combatir prácticas ilícitas.

Implicaciones legales y empresariales

Las empresas deberán ajustar sus sistemas de gestión y cumplimiento normativo para garantizar el registro correcto de los beneficiarios reales. Además, el incumplimiento de esta obligación podría derivar en sanciones económicas significativas. Este cambio normativo refuerza la necesidad de contar con un asesoramiento legal adecuado para cumplir con los requisitos y evitar posibles infracciones.

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